Operación Acogida
La actuación de las Fuerzas Armadas brasileñas en apoyo de los venezolanos desplazados
Dr. Tássio Franchi
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La actual crisis migratoria venezolana está afectando considerablemente varias regiones de Sudamérica y del Caribe. Aunque en Brasil el número total de venezolanos desplazados es menor que en países andinos, la situación en la frontera entre Brasil y Venezuela llama la atención debido a sus características peculiares, en términos de densidad demográfica, infraestructura, economía y capacidad de absorción de nuevos contingentes poblacionales.
Roraima es un estado de la federación estratégicamente importante, tanto por su posición geográfica como por la importancia de la región amazónica para la comunidad internacional. Por ello, es fundamental comprender las dinámicas de los nuevos flujos migratorios y reflexionar sobre las acciones emprendidas por el Gobierno brasileño ante este desafío.
La migración dentro de la historia de la humanidad
La migración es un fenómeno estructurador de la humanidad. Sus numerosos motivos e intensidad varían según la época y la región. Ha estado presente desde la prehistoria, cuando los neandertales y los sapiens dejaron África rumbo a Europa y Asia. Con la extinción del primer grupo, el segundo continuó poblando el planeta entre hace 300 000 y 200 000 años1. El éxodo judío y las migraciones de los pueblos bárbaros de Europa son algunos ejemplos registrados de la historia antigua2. Durante toda la era moderna, comenzando en el siglo XV, los descubrimientos y las grandes navegaciones dieron lugar a un largo proceso migratorio entre Europa, América, Asia y África. Millones de personas fueron desplazadas como resultado de la colonización, la esclavitud y la búsqueda de oportunidades3.
En el período contemporáneo, las olas migratorias de finales del siglo XIX y comienzos del XX contribuyeron a la formación de la fuerza de trabajo de diversos países. Durante este período, Brasil recibió personas de diversas partes del mundo, destacándose las migraciones de grupos europeos a regiones del sudeste y el sur del país en búsqueda de una vida mejor4. Además, en el siglo XX, las grandes guerras mundiales y otros conflictos forzaron el desplazamiento involuntario de miles de personas. Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), más de 40 millones de personas habían abandonado su lugar de origen5. Los migrantes involuntarios de aquel período fueron llamados «refugiados», término que todavía se emplea en la actualidad, pero que no es suficiente para caracterizar todas las formas de migración humana6. Con la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cuestiones con respecto a los refugiados se convirtieron en una serie de documentos normativos en la esfera del derecho internacional.
En el siglo XXI, debido principalmente a las guerras, el desplazamiento forzado de personas persiste y alcanza números superiores a los registrados después de la Segunda Guerra Mundial. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hoy en día hay más de 60 millones de refugiados o personas en situación similar por todo el mundo7. Asia y África son los dos continentes que registran el mayor número de personas desplazadas de su lugar de origen. En América Latina, Colombia se destaca con más de 7 millones de personas desplazadas internas y cientos de miles de refugiados en otros países debido al prolongado conflicto entre el Gobierno y grupos armados no estatales, especialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El caso de Venezuela
Varios factores pueden contribuir al desplazamiento forzado, incluyendo persecuciones étnicas y políticas; el empleo intencional de las masas como instrumento político por dictadores (como ocurrió en Libia con Mu´ammar Gadafi y en Kosovo durante el Gobierno de Slobodan Milosevic; y problemas ambientales como catástrofes naturales, cambios climáticos y otras formas de deterioro ambiental8. Sin embargo, ninguno de esos motivos se corresponde con la situación de Venezuela. El país no está en guerra y tampoco sufre un problema ambiental grave. En la última década del siglo XX, Venezuela tenía un índice de desarrollo humano relativamente alto (0.634), por encima de sus países vecinos en Sudamérica y el Caribe (p. ej., 0.611 en Brasil y 0.592 en Colombia)9. En la primera década del siglo XXI, el índice se mantuvo relativamente alto, en parte por los dividendos de la industria petrolera.
La influencia del petróleo. El descubrimiento de petróleo en Venezuela data del siglo XIX. Las primeras exploraciones comerciales ocurrieron en las décadas iniciales del siglo XX y para la década de 1930, el país figuraba entre los principales exportadores10. Durante décadas, el petróleo garantizó un sólido poder adquisitivo para el país y una posición destacada en el panorama mundial. Venezuela fue unos de los Estados fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 1960, junto con Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita11.
Actualmente, la OPEP controla más del 80% de las reservas probadas de crudo del mundo. Venezuela posee casi un cuarto de esas reservas, estimadas en 302 000 millones de barriles, lo cual convierte al país caribeño en el Estado con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo12. No obstante, recientemente, la nación caribeña dejó de ser un país de inmigrantes y se convirtió en un país de emigrantes que ve parte de su población cruzar las fronteras en busca de asilo y nuevas oportunidades de vida.
Sin embargo, ¿cuáles fueron los problemas que llevaron a este país a convertirse, según varios autores, en un Estado frágil o fallido13? Específicamente, ¿cuáles problemas son tan graves para que los ciudadanos venezolanos abandonen su país? Venezuela enfrenta tres crisis: política, económica y social.
Política. La crisis política está marcada no solo apenas por el ascenso de un Gobierno con una orientación socialista, hecho que ha ocurrido en otros países de la región desde principios del siglo XXI, sino también por la compleja sucesión de injerencias y desequilibrios entre las ramas de Gobierno. En Venezuela, la preservación de los preceptos democráticos, como por ejemplo la sucesión de poder, ha sido comprometida. Como consecuencia, la capacidad de las ramas legislativa y judicial para frenar o fiscalizar las acciones del poder ejecutivo ha sido eliminada14.
Económica. La crisis económica en curso es producto en gran medida de la pérdida de poder adquisitivo del país debido a la caída del precio del petróleo en el mercado internacional. Además, la crisis ha sido agravada por la dependencia excesiva de la importación de productos básicos necesarios para la población por causa de una producción interna insuficiente.
Social. Las crisis política y económica han generado una aguda crisis social. El Gobierno hoy tiene extrema dificultad para ofrecer servicios y productos básicos como alimentos y medicamentos a la población venezolana, lo que, a su vez, llevó a un aumento de la tasa de criminalidad, atribuible en parte a la desesperación de la población15.
Causas de las crisis. Según venezolanos que llegaron a Brasil en 2017, la falta de productos básicos fue uno de los principales motivos para migrar16. Para entender los orígenes de este problema es necesario volver a la década de 1970, específicamente después de 1973, cuando la alta valorización del petróleo llevó a Venezuela a comprar productos alimenticios a gran escala en el exterior (a precios más bajos). Incapaz de competir con los mercados de alimentos extranjeros, la producción interna se fue atrofiando y la industria alimentaria se fue desestructurando gradualmente, hasta el punto de no poder autoabastecerse.
A pesar de que varios presidentes y ministros de Agricultura hayan intentado revertir la situación desde la década de 1980, la importación de productos básicos se mantuvo, en parte por los dividendos de la producción petrolera17. Sin embargo, con la caída del precio del petróleo en el mercado internacional a partir de la segunda década de este milenio, Venezuela perdió su poder adquisitivo para importar los productos necesarios y por consiguiente, se encontró incapaz de satisfacer las demandas de consumo interno. Además, las subsecuentes crisis económica y política resultaron en una crisis social que se ha manifestado principalmente mediante el aumento de la inseguridad interna. El aumento del número de asesinatos y la aparición de grupos de autodefensa, los llamados «colectivos», ya llaman la atención de agencias internacionales18.
Esas crisis y la falta de seguridad física interna resultaron en lo que algunos autores identifican como la «diáspora venezolana». El proceso migratorio procedente de Venezuela comenzó en 2005 y ha ido aumentando en los últimos años debido al colapso de los sistemas socioeconómico y político venezolanos. Durante la redacción de este artículo, algunas investigaciones señalaban que entre 1.2 y 1.5 millones de venezolanos habían dejado el país en las últimas dos décadas19. Según el ACNUR, solamente entre enero de 2014 y junio de 2018, 282 000 venezolanos solicitaron asilo. Otros 567 000 venezolanos solicitaron diferentes tipos de residencia legal (de entre uno y dos años), excluyendo las visas de turista20. En total, más de 849 000 venezolanos dejaron el país en cuatro años y medio (tabla 1).
Países de destino para los migrantes
Los principales destinos para los migrantes venezolanos son los países de Sudamérica y del Caribe, además de un contingente considerable hacia Estados Unidos y España antes de 2014. Un indicativo de que una parte considerable de estos individuos no tiene planes de regresar rápidamente a Venezuela se puede observar no solo por las solicitudes de asilo, sino también por el número de visas obtenidas (tabla 2). En Estados Unidos, entre 1990 y 1999 fueron concedidos 35 000 permisos de residencia (green card). En el período de 2000-2009, el número aumentó a 82 000 y en 2016, tres años antes de que finalice el período 2010-2019, el número llegaba a 65 00021. Exacerbando la situación, algunos autores identifican una dinámica de «fuga de cerebros» en el proceso de migración venezolano que está desestabilizando aún más la sociedad venezolana, lo que significa que la población que está dejando el país está compuesta por personal calificado con formación en diversas áreas del conocimiento y las habilidades necesarias para operar todos los aspectos del país22.
En Sudamérica, los países andinos han atraído la mayoría de los refugiados (más de medio millón de personas en los últimos cinco años) por causa de la existencia de una red de ciudades y carreteras y un idioma en común. Sin embargo, Brasil fue destino de casi 60 000 venezolanos y de estos, más de 30 000 ya formalizaron su solicitud de asilo.
La frontera de Roraima y el flujo de migrantes venezolanos
Los principales puntos de entrada en Brasil de los venezolanos son los aeropuertos internacionales y la frontera de Roraima; esta última ha llamado la atención de las autoridades debido al aumento del flujo en los últimos años. La principal vía de acceso terrestre es la ruta 10, la cual se origina en el Caribe y se extiende por la carretera BR-174 hasta Boa Vista y Manaos.
El estado de Roraima posee aproximadamente 1922 km de frontera, compartiendo 964 km con Venezuela y 958 km con Guyana. La vegetación se divide en densos bosques ecuatoriales al oeste, característico de la región amazónica, y sabanas tropicales, conocidas en portugués como cerrado, al norte, en la región de la triple frontera. Al contrario de los densos bosques, la sabana tropical facilita el desplazamiento porque la frontera se vuelve más permeable. La región cuenta con grandes reservas naturales y tierras indígenas en ambos países.
La baja densidad demográfica de Roraima y de los estados venezolanos de Bolívar y Amazonas resulta en pocos núcleos urbanos con estructuras adecuadas en la zona. Santa Elena de Uairén (Venezuela) y Pacaraima (Brasil) son las mayores ciudades en la frontera y están a 15 km de distancia entre ellas. Ambas tienen una población de alrededor de 30 000 y 12 000 habitantes respectivamente.
Pacaraima ha sido el punto de entrada de venezolanos con destino a Boa Vista, cuya población es de alrededor de 330 000 habitantes. En estas dos ciudades y en la continuación del eje vial de la carretera BR-174 hasta Manaos (capital del estado de Amazonas, Brasil) se concentran el flujo de migrantes venezolanos y la mayoría de los albergues destinados a ellos.
Más allá de los turistas, la población binacional y el desplazamiento pendular característico de los espacios fronterizos, es importante entender que los venezolanos que llegan a la frontera brasileña pueden solicitar diferentes tipos de residencia prolongada en territorio nacional debido principalmente a las modificaciones en la legislación que tuvieron lugar en 2017 y el establecimiento de la categoría de inmigrante23. Las iniciativas del Gobierno federal, por medio del Ministerio de Justicia, con vistas a promover cambios en la legislación nacional, flexibilizaron y facilitaron la legalización de los venezolanos desplazados.
Además de las solicitudes de asilo, las personas que cruzan la frontera pueden ser clasificadas como migrantes o solicitar residencia temporal. Sin embargo, las solicitudes de asilo en la legislación brasileña requieren comprobación y evaluación de mérito que puede tomar hasta dos años y tienen una baja tasa de aprobación. Es por ello que a partir de mediados de 2017, las solicitudes oficiales de asilo suelen ser sustituidas por otros tipos de solicitudes más sencillas.
El Gobierno brasileño ha recibido, hasta la fecha, 32 744 solicitudes de asilo, además de 25 311 solicitudes de otras formas de residencia prolongada24. Según el Ministerio de Justicia, en 2017, las 17 865 solicitudes de asilo de venezolanos correspondían al 53% de todas las solicitudes formuladas al país, con la mayoría realizándose en los estados de Roraima y Amazonas, respectivamente la 1a y 3a unidades federales que más solicitudes de asilo recibieron en 2017 (figura)25. A principios de 2018 se puede observar un aumento en el número de venezolanos que ingresaron. El puesto de control instalado por el Ejército Brasileño en la ciudad de Pacaraima, en cooperación con otras agencias, registró la entrada de 24 982 personas solamente entre el 26 de febrero y el 18 de abril26. Aunque parte de estos venezolanos pueden ser considerados «binacionales», personas que regresan a su domicilio de origen, o turistas con estancia temporal, al analizarse los datos de 2018 con respecto a las solicitudes de asilo y otras formas de residencia prolongada, es evidente que un número significativo no regresó a Venezuela.
Es importante señalar también que parte del desplazamiento pendular observado en la región fronteriza se limita a la compra de alimentos, medicamentos y productos básicos. Esta situación, junto con la desvalorización del bolívar y el desabastecimiento venezolano, han estimulado el contrabando y la piratería27.
El reto de los inmigrantes venezolanos en Brasil
En teoría, la acogida de menos de 60 000 migrantes no debería representar un problema grave para un país con más de 200 millones de habitantes. Sin embargo, al considerarse las dimensiones del estado de Roraima, su relativo aislamiento geográfico y las limitadas capacidades de su Gobierno para lidiar con el ingreso de una masa de refugiados, es comprensible que el número de venezolanos desplazados repercuta directamente en los servicios públicos, en la precaria infraestructura disponible y en la propia dinámica social local. La imposibilidad de un Estado para proveer asistencia sanitaria, tanto a sus nacionales como a personas desplazadas, es una de las preocupaciones que giran alrededor de las crisis migratorias en diferentes lugares del planeta28. Esa cuestión médica es flagrante con respecto a la situación en curso en la frontera brasileña.
A finales de 2016, cuando ocurrió el primer bum del flujo migratorio, el estado de Roraima se vio obligado a decretar estado de calamidad pública en el sector de la salud. En aquel período, el número de internados excedió la capacidad de los hospitales y los puestos de salud29. Los albergues eran pocos y estaban precariamente organizados, funcionado con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, instituciones religiosas e iniciativas de la sociedad civil, junto con la actuación de los Gobiernos estatales y municipales. Se podían observar personas sin albergues durmiendo en plazas y otras áreas públicas.
En análisis realizados entre 2016 y 2017 se comenzó a trazar el perfil del migrante venezolano que llegaba a Roraima. La mayoría eran jóvenes escolarizados de entre 20 y 39 años (72%) y más de la mitad eran hombres solteros (53.8%). La mayoría venía de cinco estados venezolanos: Bolívar, Monagas, Anzoátegui, Carabobo y Caracas (Distrito Federal)30.
Si bien el perfil de los migrantes indica una población joven, educada y en un grupo de edad económicamente activo, estos han enfrentado dificultades para inserirse en un atrofiado mercado de trabajo local. Esto se debe en parte a la incipiente economía de Roraima, pero también a asuntos legales como la convalidación de estudios y la posibilidad de ejercer profesiones de nivel superior en Brasil. Desde 2015, grupos pidiendo ayuda en las calles y en organizaciones benéficas se han tornado más frecuentes. Además, algunos migrantes han recurrido a la prostitución como alternativa de ingresos, lo que pone en riesgo a una parte de los migrantes. A todo esto se suma naturalmente el temor de la población local con respecto a un posible aumento de la criminalidad debido a la ampliación de la cantidad de personas desempleadas y desesperadas.
La situación se volvió aún más compleja con la llegada de los Warao, un grupo indígena protegido en Venezuela. Los primeros registros de su presencia en Brasil datan de 2014. A partir de 2016, sus números aumentaron a algunos cientos de personas en albergues de Pacaraima, Boa Vista y Manaos. Este grupo étnico tiene sus orígenes en el delta del río Orinoco y es el segundo mayor de Venezuela, con aproximadamente 48 000 individuos. Su llegada produjo tensiones con relación a los grupos indígenas locales porque, incluso reconocidos como culturas autóctonas, a los Warao no aplican los derechos establecidos de los artículos 231 y 232 de la Constitución Federal de Brasil, en particular el derecho a tierra, dado que no son originalmente de la región y su presencia se debe solamente a la crisis humanitaria en Venezuela. Por ello, reciben el estatus de migrantes o solicitantes de asilo dependiendo de su situación individual, pero no como una población indígena protegida en Brasil31.
Respuesta brasileña a la crisis
Antes de 2016, el Gobierno estatal y las prefecturas locales ya venían ejecutando acciones junto con varias ONG y sectores de la sociedad civil para prestar asistencia a las personas desplazadas que llegaban al estado. Sin embargo, a partir de 2016, el flujo migratorio excedió las capacidades municipales y estatales de prestación de servicios básicos a las personas desplazadas. Por esa razón, el Gobierno federal decidió intervenir de modo sistemático.
Acciones gubernamentales federales. En febrero de 2018, por medio de la Medida Provisional nro. 820 del 15 de febrero de 2018 se constituyó el «Comité Federal de Asistencia de Emergencias para la acogida de personas en situación de vulnerabilidad por causa del flujo migratorio provocado por la crisis humanitaria», un esfuerzo interagencial que alineaba componentes de la Administración federal, estatal y municipal32. Diagnósticos estratégicos, consultas a diversas instituciones y agencias, asignación de fondos y planes de emergencia ya habían sido trazados en los meses anteriores. La Medida Provisional nro. 820 del 15 de febrero de 2018 delimitó diez áreas prioritarias: (1) protección social; (2) atención médica; (3) oferta de actividades educativas; (4) formación y calificación profesional; (5) garantía de los derechos humanos; (6) protección de los derechos de las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas mayores, las personas con deficiencia, las poblaciones indígenas y las comunidades tradicionales afectadas; (7) oferta de infraestructura y saneamiento; (8) seguridad pública y fortalecimiento del control de fronteras; (9) logística y distribución de insumos; y (10) y apoyo a la «interiorización»—desplazamiento y distribución de venezolanos a diferentes ciudades de Brasil.
El Ministerio de Defensa, en cooperación con otras agencias públicas y representantes de la sociedad civil organizada, actúan en estas áreas prioritarias por medio de acciones distintas (esta labor continuaba a medida que se escribía este artículo). Es en este contexto que ocurre el empleo de las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército y la Fuerza Aérea, y la ejecución de la operación Acogida.
Fuerza Aérea. El Escuadrón Corsario del Ala 11 de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) apoya con el transporte logístico y humanitario, como también la interiorización. Los estados de São Paulo, Mato Grosso, Amazonas, Río de Janeiro, Paraíba e Pernambuco recibieron algunos de los primeros 700 migrantes venezolanos que aceptaron de forma voluntaria participar en el proceso de interiorización. Ellos son trasladados a albergues, centros pastorales y centros de recepción que se encargan de su acogida, ofreciéndoles atención básica y ayudándoles a inserirse en el mercado de trabajo local. Gradualmente, este proceso libera plazas en los albergues existentes y ayuda a aliviar la presión sobre los servicios básicos en la región fronteriza.
Ejército. Para cumplir con la Medida Provisional nro. 820, el Ejército Brasileño emplea diferentes organizaciones militares, incluyendo la 1a Brigada de Infantería de Selva y el 6o Batallón de Ingeniería de Construcción, ambos con sede en Boa Vista; cuadros destacados de la Base de Apoyo Logístico del Ejército, localizada en Río de Janeiro, y militares movilizados de otras regiones.
Las tareas y las misiones ejecutadas por la fuerza terrestre en el contexto de la crisis migratoria incluyen medidas de seguridad pública y el fortalecimiento de control de fronteras. Esto resultó en la operación Control, en la cual el Ejército, por medio de la 1a Brigada de Infantería de Selva, reforzó la faja de frontera con más de 400 hombres. Puestos de bloqueo y control de caminos fueron establecidos en la frontera con Venezuela y Guyana, además de otros puestos de control en el interior del estado.
El 3er Pelotón Especial de Frontera, situado en Pacaraima, recibió refuerzos para ejecutar sus misiones primarias y apoyar otras agencias gubernamentales que actúan en la ciudad.
El otro objetivo del Ejército Brasileño en apoyo de la crisis migratoria es «cooperar con los Gobiernos federales, estatales y municipales en las medidas de asistencia de emergencia para la acogida de los migrantes provenientes de Venezuela en situación de vulnerabilidad (personas sin ayuda) como resultado del flujo migratorio provocado por la crisis humanitaria»33. En realidad, el Ejército tiene una amplia experiencia en la conducción de acciones cívico-sociales en toda la región amazónica. Por otro lado, los conocimientos adquiridos en el ejercicio multinacional AMAZONLOG de 2017 han contribuido significativamente con los esfuerzos para apoyar a los migrantes venezolanos. Durante el AMAZONLOG, los militares planificaron y practicaron el control de zoonosis, actividades relacionadas con la seguridad alimentaria, montaje y operación de hospitales de campaña, pruebas de equipo, etc34.
Acciones en curso
En Pacaraima se montó un hospital de campaña con el propósito de proporcionar asistencia básica sanitaria a los venezolanos desplazados. Sus módulos ofrecen servicios de enfermería, atención clínica, pediátrica y ginecológica, exámenes de laboratorio y atención de urgencias y emergencias. Sus instalaciones operan desde el 26 de abril de 2018 y complementan los esfuerzos del Hospital de Pacaraima. Para finales de mayo, la unidad había atendido a más de 2500 adultos y niños35.
El Ejército asiste con la acogida de los venezolanos desplazados trabajando en estrecha cooperación cívico-militar con diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Los albergues para migrantes presentan una población «fluctuante». Solamente en Roraima hay más de 4000 venezolanos en albergues. Se espera aumentar el número de plazas a 7000, distribuidas en instalaciones con capacidad para entre 250 y 600 personas. La opción de un modelo de acogida en instalaciones más pequeñas y descentralizadas tiene como objetivo proporcionar una atención más próxima y humana.
Las acciones desarrolladas dentro del ámbito de la operación Acogida abarcan tanto la planificación de la instalación de los albergues como el apoyo para su funcionamiento. Esto incluye análisis de las áreas y los locales de los albergues; obras de infraestructura (saneamiento, energía, etc.); organización e instalación de tiendas de campaña y otras necesidades básicas; además de la preparación y distribución de alimentos, atención médica, educación, seguridad y otros servicios esenciales. El Gobierno federal, mediante el Ministerio de Defensa, ha invertido 190 millones de reales para afrontar esta situación (tabla 3)36. Otros ministerios, además de los estatales y municipales, también han contribuido con recursos financieros significativos para ayudar con esta causa humanitaria.
El empleo de fuerzas militares que no están bajo el mando de la ONU para proporcionar organización y apoyo humanitario en casos de desplazamientos forzados no es algo nuevo, dado que ocurre desde la Segunda Guerra Mundial, incluso antes de la creación de la ONU37. Sin embargo, según muchos especialistas del área de Defensa, este no es un escenario ideal porque desvía a las Fuerzas Armadas de sus funciones esenciales con respecto a su preparación para los conflictos armados. La participación de las Fuerzas Armadas brasileñas no se debe a preocupaciones de seguridad o militares, sino a la necesidad de ofrecer una respuesta rápida a los retos humanitarios y a las dificultades locales38.
Conclusión
El flujo migratorio venezolano ha oscilado a lo largo de los meses. Las razones todavía necesitan ser mejor analizadas y comprendidas para facilitar la elaboración de posibles escenarios y planes futuros39. El flujo de migrantes puede disminuir y hasta cesar momentáneamente sin que se solucione el problema. La dinámica política interna de Venezuela y sus relaciones diplomáticas con Colombia (país limítrofe que absorbe parte significativa de los migrantes, pero que tiene relaciones diplomáticas tensas, incluyendo un historial de cierre de fronteras) son factores que necesitan ser abordados. Lo cierto es que la crisis que ocurre en Venezuela tiene aspectos estructurales que producen retos que no van a ser solucionados a corto o medio plazo.
Iniciativas de ayuda externas a los países de Sudamérica generalmente no son bien recibidas y generan desconfianza con respecto a intereses y agendas particulares40. Las propuestas de nivel regional son más limitadas. Sin embargo, se pueden elaborar agendas con objetivos claros relacionados con la seguridad humana en ambos lados de la frontera. Es necesario pensar y trabajar conjuntamente para evaluar y empoderar un foro regional que actúe junto con el Gobierno venezolano. Tal propuesta ya fue sugerida varias veces, pero todavía no se ha materializado41.
Además de cuestiones transfronterizas, como el medio ambiente y el crimen organizado, entre otras, no hay una estructura o un conjunto de reglamentos más amplios para lidiar con la migración. Aunque existan organismos y protocolos internacionales que intenten abordar este tema, ellos dependen de autorizaciones y reglamentos internos, y de su implementación por los diferentes países una vez que los individuos desplazados se encuentran dentro de sus respectivas fronteras nacionales. Es a partir de las políticas domésticas, la difusión de sus conceptos y los responsables políticos que se pueden gradualmente establecer mecanismos de gobernanza regional para facilitar la cooperación sincronizada sobre cuestiones como el flujo de personas, como ya hicieron Brasil y Argentina en relación con la frontera sur42.
En el caso venezolano, es necesario comprender mejor cómo Colombia, Perú, Ecuador y el resto de los países han sido afectados por el problema, cuáles iniciativas están en curso y si es posible, realmente, llegar a soluciones multinacionales.
En el caso de Brasil, las experiencias anteriores del Ejército con respecto a su preparación y actuación en acciones de carácter humanitario, tanto en la región amazónica como en otros escenarios nacionales e internacionales, contribuyen a un buen nivel de integración cívico-militar en esta crisis. Sin embargo, es necesario recordar que la ayuda humanitaria en estas crisis no es la función principal de las Fuerzas Armadas, dado que su deber es estar preparadas para garantizar la defensa del país y sus intereses en ambientes volátiles.
No obstante, es necesario pensar no solamente sobre la gestión de la crisis actual, sino en las soluciones a medio y largo plazo. Esto implica fortalecer los acuerdos regionales y encontrar maneras para dialogar sobre el problema con la propia Venezuela, indicándole al país caribeño que necesita prestar más atención y cuidado a su propia población.
Notas
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El doctor Tássio Franchi es profesor del Instituto Meira Mattos de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército (IMM/ECEME), en Río de Janeiro. Obtuvo una licenciatura en Historia por la Universidad Estatal de Londrina, una maestría en Historia por la Universidad Estatal Paulista Júlio de Mesquita Filho y un doctorado en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Brasilia. Él investiga temas relacionados con la Amazonia, concentrándose principalmente en la geopolítica, las fronteras, las estrategias militares y la seguridad ambiental.
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