El colapso de Venezuela y su impacto para la región
Dr. R. Evan Ellis
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En mayo de 2017, mientras el número de muertos aumentaba a 40 durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y con alrededor de 130 heridos y más de 1300 arrestos, muchos en Estados Unidos y la región se preguntaban «¿Hasta cuándo seguirá esta situación?»1. Además de la crisis nacional, tanto el colapso económico como el auge de criminalidad y violencia política en Venezuela han provocado un éxodo masivo de refugiados a países vecinos como Colombia y Brasil, las islas caribeñas de Trinidad y Tobago, Aruba y Curazao, y otros lugares en la región. En total, se estima que de los 32 millones de venezolanos que viven en el país, 1. 5 millones se han exiliado desde que el Gobierno de Hugo Chávez tomó el poder en 19992. Los vecinos de Venezuela observan esta crisis no solo con preocupación por el pueblo venezolano, sino también desde la perspectiva de cómo podría afectarlos a medida que se agudiza y se torna más violenta3.
Muchas veces, la situación en Venezuela es caracterizada erróneamente como una crisis económica o política4. Pero no es así, si se analiza detalladamente, lo que está ocurriendo es un acto criminal sin precedentes en América Latina. Las movilizaciones masivas, las maquinaciones burocráticas y el empleo de las Fuerzas Armadas para controlar el país han permitido la captura y el saqueo sistemático del Estado venezolano. La naturaleza criminal de estos actos y sus consecuencias son cada vez más evidentes para sus ciudadanos. En la última década, según antiguos funcionarios gubernamentales venezolanos, hasta 300 mil millones de dólares pudieron haber sido desviados de las arcas públicas a cuentas privadas mediante solo el sistema de control monetario5.
Ni el Derecho internacional ni las instituciones multilaterales existentes están bien equipados para afrontar la crisis que afecta al país y a la región. Para los Estados vecinos, las alternativas políticas aceptables parecen ser pocas. Por ejemplo, es poco probable que Estados Unidos, u organizaciones como las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos, opten por intervenir físicamente o puedan actuar de manera impactante para alterar la trayectoria actual de Venezuela, la cual se encamina hacia una crisis interna más amplia y más violenta. Sin embargo, tanto Estados Unidos como las instituciones multilaterales tienen alternativas plausibles y todavía pueden jugar un papel decisivo sobre cómo gestionar las consecuencias de la crisis para la región sin intervenir directamente.
La situación en Venezuela
Es difícil anticipar cuándo y cómo el régimen de Maduro colapsará, no obstante, es evidente que su actual rumbo es insostenible económica y políticamente. En términos económicos, las políticas gubernamentales destructivas, excluyendo las expropiaciones y los controles de precio y monetarios, junto con la corrupción endémica y la mala gestión en las empresas públicas han eliminado gradualmente la capacidad de la economía venezolana para producir incluso los productos más básicos que los ciudadanos requieren para sobrevivir. El declive en la producción petrolera, los altos costos de producción, las obligaciones de servicio de la deuda, la acumulación de sentencias jurídicas adversas de expropiaciones anteriores y la reticencia cada vez mayor de los acreedores (incluso de aliados políticos como China y Rusia) a prestar dinero impiden que Venezuela pueda acceder a divisas fuertes para comprar productos en el exterior, a pesar del aumento en los precios del petróleo6.
Si se incumplen con las obligaciones de préstamo de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y se usan las divisas fuertes para importar más productos (para aliviar las presiones políticas), los bienes de la compañía e incluso los envíos de petróleo en el extranjero podrían ser confiscados. Esto agravaría la crisis de liquidez y pondría en riesgo la capacidad del régimen para retener el poder7. Es por ello que el Gobierno venezolano ha adoptado una serie de medidas desesperadas como demoras, acciones legales y traslados de fondos para pagar los bonos. Sin embargo, ha puesto a disposición de órganos estatales y amigos del régimen una pequeña cantidad de divisas para importar productos que permitirán mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas y otros grupos clave a favor de Maduro8.
Además de estas medidas, Venezuela ha tenido que utilizar las reservas internacionales que le quedan (principalmente las de oro), expropiar compañías como General Motors, reestructurar el pago de los bonos, hipotecar activos como la empresa refinadora y distribuidora de petróleo CITGO, buscar nuevos préstamos de socios estatales como China y compañías de confianza como Rosneft, e iniciar acciones legales creativas para aplazar decisiones y reparaciones en su contra9. Aun así, no ha conseguido suficientes préstamos y se está quedando sin activos que pueda hipotecar y opciones legales para posponer los pagos.
Venezuela no tiene la capacidad para producir los productos que necesita a nivel nacional y no tiene el efectivo para importarlos. El resultado, como queda evidenciado cada vez más en informes que salen del país, es mayor escasez de todo, desde alimentos y medicina hasta papel higiénico. Los estantes de las tiendas están vacíos y las personas pasan la mayor parte del día buscando alimentos y otros artículos necesarios10. El 72 por ciento de los venezolanos ha dicho haber perdido peso el año pasado por causa de la escasez11. Como señala Juan Forero, periodista de Wall Street Journal, «Venezuela se está muriendo de hambre»12.
Para mitigar las repercusiones políticas de la escasez, el Gobierno de Maduro le ha asignado a las Fuerzas Armadas la tarea de distribuir las escasas provisiones de alimentos que quedan13. Como resultado, el sistema reparte la mayor parte de los alimentos a aquellos que están a favor del régimen. Las Fuerzas Armadas también se benefician porque tienen garantizada una fuente confiable de alimentos como también oportunidades para ganar dinero extra mediante la reventa de alimentos en el mercado negro14.
Con respecto a la dinámica política, las medidas que el régimen de Maduro ha adoptado demuestran su determinación a permanecer en el poder a cualquier precio y su renuencia a un compromiso político honesto o solución constitucional que pudiera resultar en la pérdida de poder. Una serie de acontecimientos y acciones del Gobierno estadounidense en los últimos años que involucra a líderes del régimen actual venezolano indica que probablemente hay casos penales sólidos contra un gran número de personas en el Gobierno, lo que significa que la pérdida de poder político puede dar lugar a la extradición y encarcelamiento en Estados Unidos. Entre los acontecimientos indicativos figuran el arresto del antiguo jefe de seguridad Hugo Carbajal cuando dejaba el país para convertirse en el embajador de Venezuela en Aruba en julio de 2014, el arresto (seguido de una condena por cargos de narcotráfico) de los sobrinos de Maduro en noviembre de 2015 en Haití y la designación en febrero de 2017 del vicepresidente venezolano Tareck El Aissami como un cabecilla del narcotráfico por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos15.
Si reflexionamos sobre las medidas adoptadas para mantener el poder, Maduro y la élite chavista han violado el orden constitucional venezolano de formas que son cada vez más indignantes y han demostrado que es poco probable que la crisis política y económica de Venezuela se resuelva mediante procesos democráticos. En este respecto, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, ambos a favor de Maduro, ha emitido fallos cuestionables como:
- prevenir (mediante la suspensión de tres diputados de la oposición que les daba a los diputados chavistas dos tercios de la cámara) que la oposición usara la «supermayoría» que ganó en las elecciones de diciembre de 2015;
- bloquear el referéndum revocatorio constitucional contra el presidente;
- quitarle al Congreso, dominado por la oposición, la autoridad presupuestaria y otras autoridades;
- declarar inconstitucional prácticamente cualquier iniciativa aprobada por ese congreso;
- posponer las elecciones locales y estatales; y
- eliminar líderes de la oposición clave, como por ejemplo el encarcelamiento de Leopoldo López y la descalificación de Henrique Capríles.
El régimen de Maduro también ha iniciado un proceso de «renovación» de los partidos políticos de la nación, probablemente para descalificar a partidos y líderes de la oposición si se llevan a cabo las elecciones locales, que actualmente se encuentran aplazadas, y presidenciales16. Sin embargo, la medida más osada hasta la fecha ha sido la iniciativa de mayo de 2017 que propone formar una Asamblea Nacional Constituyente y redactar una nueva Constitución. De seguro, este proceso acabaría con el Parlamento, que es dominado por una oposición que fue elegida democráticamente17.
El Gobierno no es el único que ha demostrado una renuencia a respetar los procesos y límites constitucionales que podrían costarle el poder. Las Fuerzas Armadas venezolanas también se ha mostrado renuentes a intervenir para restaurar el orden democrático o evitar el colapso político y económico del país. Aunque tradicionalmente se han desempeñado como los defensores del orden constitucional de la nación, durante los dieciocho años de gobierno del líder populista Hugo Chávez y su sucesor, Maduro, las Fuerzas Armadas de Venezuela se han politizado y han sido profundamente indoctrinadas con una ideología chavista. Además, casi todo el cuadro de altos mandos ha sido reemplazado por simpatizantes del régimen.
Otro elemento que reduce aún más la probabilidad de que las Fuerzas Armadas actúen para restaurar el orden constitucional de Venezuela son las actividades ilícitas; los altos mandos militares (la Guardia Nacional en particular) están involucrados profundamente en el narcotráfico y el contrabando, y no pueden arriesgarse a permitir cambios18. Por ello, el régimen ha incorporado a agentes de inteligencia y contrainteligencia cubanos en toda la Fuerza para tener bajo control a los desertores19.
Si bien Estados Unidos ha criticado duramente las acciones del régimen de Maduro, no ha indicado si tomará medidas más allá de la imposición de sanciones económicas hasta la fecha20. Aunque el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, haya denunciado firmemente la interrupción del orden democrático en Venezuela, la organización funciona principalmente mediante el consenso y no puede actuar mientras la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un bloque de países de izquierda anti-Estados Unidos, continúe oponiéndose a cualquier acción en contra de Venezuela21. Tal vez los países que componen la ALBA no estén de acuerdo con las decisiones de Maduro respecto a Venezuela, pero, permitir que la OEA (en la cual Estados Unidos es protagonista) condene a Venezuela o juegue un papel importante en la política de la región no forma parte de sus intereses estratégicos. Que la OEA expulse a Venezuela de la organización por violación de la Carta Democrática ya no tiene relevancia porque el régimen de Maduro ya ha indicado su intención de abandonar el órgano22.
Asimismo, aunque el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pueda, en teoría, autorizar una intervención en Venezuela, miembros permanentes como Rusia y China probablemente bloquearán tal acción puesto que ellos tienen importantes intereses comerciales en el país, como también un interés estratégico en un régimen venezolano que continuamente se resiste a la expansión de la influencia estadounidense en la región23.
Otro problema que se avecina para Venezuela es la probabilidad de que aumente la violencia debido a la creación y el despliegue de colectivos, grupos de civiles armados de poca disciplina que se dedican a imponer la voluntad del Gobierno. Esto garantiza un alto costo de vidas de tanto militares venezolanos como extranjeros si alguien decide derrocar al régimen por la fuerza.
Posibles escenarios para Venezuela
En términos generales, los escenarios más verosímiles para Venezuela son tres (todos negativos) y dependen de suposiciones sobre qué lado prevalecerá y si la violencia se mantiene o se disipa. Estos son: (1) la resistencia pierde fuerzas y cesa, y se consolida el Estado criminal, (2) la violencia escala y se soluciona mediante un acuerdo que impone un régimen seudodemocrático, y (3) se mantiene la insurgencia, la represión y la criminalidad.
La resistencia cesa y se consolida el Estado criminal. En este escenario, las Fuerzas Armadas y el Gobierno se mantienen cohesionados, y no hay una intervención extranjera. Con el tiempo, la mayoría de la resistencia civil es suprimida o huye del país debido a una represión brutal (incluyendo la violencia de los colectivos) y el control de recursos del régimen. Millones abandonan el país como refugiados políticos o económicos, o para escapar la violencia militar. Con una resistencia debilitada, el régimen consolida su orden totalitario y probablemente impone una nueva Constitución y un nuevo cuerpo legislativo. Después de imponer la estabilidad, Maduro es asesinado o presionado para que renuncie a su cargo y el poder pasa a manos de un nuevo líder, también partidario de la ideología populista y de actividades delictivas, pero con políticas económicas más racionales y mejores capacidades administrativas.
Con más estabilidad y mejor liderazgo, inversores estatales clave y adversarios de Estados Unidos como China y Rusia comienzan a extenderle el crédito nuevamente al régimen y de esta manera amplían aún más su acceso a los recursos petrolíferos de Venezuela. El nuevo crédito de estos aliados, junto con la probable subida de los precios del petróleo, consolidará aún más el poder del régimen.
La violencia escala y se soluciona mediante un acuerdo que impone un régimen seudodemocrático. En este escenario, la violencia sobrepasa considerablemente lo que se vio en las manifestaciones que ocurrieron en mayo de 2017 y probablemente implicará grandes confrontaciones esporádicas entre colectivos y miembros de la oposición, y demandas para la restauración del antiguo orden constitucional. Las partes implicadas cuentan con grupos armados que tienen intereses propios.
La Guardia Nacional venezolana pierde la capacidad para controlar la violencia y las Fuerzas Armadas, ya reacias a participar en la represión de civiles, son desplegadas, pero se rehúsan a actuar, y es posible que algunas unidades se disuelvan o se declaren leales a la oposición. Actores clave que no se encuentran en el hemisferio, como China y Rusia, llegan a un acuerdo tácito con la oposición a cambio de garantías sobre la protección de sus negocios y otros intereses en el país. Maduro y otros líderes clave del régimen son asesinados o abandonan el país, mientras que otros llegan a un acuerdo para una transición de poder, con el apoyo de importantes líderes militares, a cambio de inmunidad limitada y protección contra extradiciones.
Insurgencia, represión y criminalidad prolongada. En este escenario, como en el anterior, la violencia aumenta considerablemente, y las Fuerzas Armadas se dividen o se tornan obsoletas por ser poco confiables. Algunas figuras clave probablemente abandonan el país. Sin embargo, a diferencia del escenario anterior, no se puede llegar a un acuerdo sobre la transferencia de poder. Actores externos clave como Rusia y China adoptan una postura de «esperar a ver lo que sucede». Manifestaciones violentas, incluyendo ataques selectivos de los colectivos contra los manifestantes, se deterioran en esfuerzos más sangrientos y de mayor escala por parte de las fuerzas a favor del régimen para intimidar o silenciar a la oposición a través de violencia a gran escala, suscitando represalias de grupos en contra de Maduro, y en ocasiones obligando la participación de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas regulares en el conflicto.
La violencia continua, incluyendo el sabotaje de instalaciones petrolíferas y otros activos públicos, lleva a un colapso económico general y al mayor éxodo de refugiados en los tres casos contemplados. En este escenario, actores importantes extranjeros, como China, probablemente coordinaran la evacuación de sus trabajadores. Dependiendo del riesgo que corran las instalaciones petrolíferas rusas y chinas, entre otras, es posible que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llegue a un acuerdo para enviar una misión de mantenimiento o imposición de la paz, asumiendo que las fuerzas chavistas consideran estos despliegues como una ventaja, o simplemente no tienen la capacidad para bloquearlos.
No hay un límite inherente al nivel de sufrimiento, violencia y criminalidad que podría llegar a ocurrir. Efectivamente, los abusos y los problemas económicos de los regímenes en Zimbabue y Corea del Norte sirven como recordatorios de cuanto las personas pueden sufrir a manos de un régimen que sigue políticas irracionales y está determinado a mantenerse en el poder con el consentimiento de las Fuerzas Armadas.
Repercusiones para los vecinos de Venezuela
Cada escenario analizado implica un aumento en el éxodo, ya considerable, de refugiados a los vecinos Colombia y Brasil, las islas caribeñas de Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago, y el resto de la región, como también la exportación de armas y mayor impacto en el panorama político y delictivo.
Colombia. Históricamente, las personas y las mercancías han cruzado las fronteras de Venezuela y Colombia con relativa libertad; la madre de Maduro nació en Colombia y tal vez el presidente también24. Sin embargo, el influjo de venezolanos en Cúcuta y otras ciudades fronterizas ha creado un poco de resentimiento entre los colombianos. Algunos consideran que los recién llegados están compitiendo con ellos por los empleos, en particular en el sector informal, y otros creen que los refugiados han socavado la seguridad25.
Solo en 2016, más de 150 000 personas llegaron a Colombia procedentes de Venezuela26. Algunos solo entran y trabajan de manera temporal en el sector informal o ilícito para poder comprar productos que no están disponibles en su país de origen, mientras que otros optan por permanecer indefinidamente27. La ciudad fronteriza de Cúcuta ha sido el centro de esta migración debido al considerable aumento de venezolanos en la ciudad, que incluye aquellos que trabajan en el sector informal como prostitutas o vendedores ambulantes, entre otros. Una parte de los que cruzan la frontera de Venezuela a Colombia en realidad son colombianos de nacimiento que emigraron a Venezuela años o décadas atrás en busca de oportunidades económicas o para escapar la violencia.
Las principales ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín y Cali también han registrado un aumento considerable de venezolanos28. Sin embargo, dado que dos carreteras principales de Caracas convergen en la frontera cerca de Cúcuta, es probable que el flujo de migrantes se concentre en esa área, como también, aunque en menor medida, en ciudades del norte de Colombia como Riohacha (Departamento de La Guajira) y Valledupar (Departamento del Cesar) debido al deterioro de la situación en Venezuela. También hay quienes entran por puntos que se encuentran más al sur de Colombia, como Arauca, Puerto Carreño e Inírida, en donde los controles son más débiles.
Se estima que muchos de los que inicialmente emigraron a Venezuela de Colombia y ahora están regresando se establezcan en la región fronteriza, ya que cuentan con familia u otros contactos en el área29. Es probable que muchos de los que llegan de ciudades venezolanas en la costa del Caribe, como Caracas, Puerto Cabello, Maracay y Valencia, vayan a ciudades colombianas también en la costa, como Maicao, Barranquilla y Sincelejo, en donde el clima y la cultura son similares. Por otro lado, los venezolanos de áreas rurales al sur de la principal cordillera del país probablemente gravitarán hacia las ciudades en el interior de Colombia al otro lado de sus llanuras, como Villavicencio y Bogotá.
A pesar de la existencia de otras rutas migratorias, la concentración de emigrantes en Cúcuta y La Guajira suscita preocupaciones específicas para Colombia debido a que el área, en particular Catatumbo y otras partes de la provincia del Norte de Santander, es un semillero de actividades delictivas y terroristas, con el notorio Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) intentando llenar el vacío de las áreas previamente ocupadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)30. En esta dinámica compleja, los emigrantes recién llegados pueden llegar a convertirse en víctimas o reclutas de estas organizaciones. De hecho, dada la historia del contrabando transfronterizo, los funcionarios de seguridad colombianos creen que algunas personas que cruzan la frontera llevan drogas y contrabando, y realizan otras actividades ilícitas.
Más al sur, en ciudades fronterizas como Arica, Puerto Carreño e Inírida, aunque el volumen actual y previsto de emigrantes procedentes de Venezuela no es un gran problema, el área es el centro de la extracción ilícita de coltan, un mineral estratégico usado en baterías avanzadas y una amplia variedad de productos electrónicos.
Además del posible impacto desestabilizador del éxodo de refugiados en la economía de Colombia y los centros de crimen organizado en el país, los expertos en seguridad colombianos temen que algunos de los colectivos y otros grupos de Venezuela vendan sus FN FAL (fusiles automáticos ligeros) y otros materiales militares para poder mantenerse, inundando áreas criminales disputadas como Catatumbo con armas como también personas con necesidades económicas31.
A medida que la crisis venezolana se profundiza y el flujo de refugiados aumenta, es probable que surjan campamentos de facto, particularmente alrededor de Cúcuta. Interesa a Colombia administrar formalmente tales campamentos para aliviar el sufrimiento y para prevenir que se conviertan en centros de reclutamiento de criminales y de víctimas, dado el difícil entorno de la zona.
El Gobierno colombiano está preparado para lidiar con la crisis de refugiados mediante el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual fue de utilidad cuando Venezuela expulsó a más de seiscientos colombianos del país en agosto de 201532. A pesar de ello, los expertos en seguridad de Colombia creen que las necesidades de recursos y la complejidad de un éxodo masivo de refugiados de Venezuela probablemente superarán la capacidad del sistema33.
Para Colombia, estos retos llegan en un momento en el que los recursos militares para las operaciones y el mantenimiento han disminuido de forma significativa, mientras el Gobierno busca los fondos para las considerables obligaciones que incurrió con el tratado que firmó con las FARC en noviembre de 2016. Colombia también tiene que lidiar con el auge de criminalidad y violencia entre el ELN y grupos criminales a medida que las FARC se desmovilizan y se retiran de territorios que previamente estaban bajo su control34.
Más allá del flujo de personas y armas, a medida que el Gobierno de Maduro se torne más inestable, los profesionales de seguridad y defensa colombianos temen que Venezuela busque provocar una guerra para distraer al pueblo venezolano y a la comunidad internacional, y también mantener la unidad de las Fuerzas Armadas venezolanas35. Venezuela tiene una larga tradición de agresividad contra Colombia; ejemplo de ello es la reivindicación territorial sobre La Guajira y gran parte de los llanos orientales de Colombia en la Constitución de 199936. En marzo de 2008, el entonces presidente Chávez movilizó a diez batallones a la frontera con Colombia en respuesta a las acciones de las Fuerzas Armadas colombianas contra Raúl Reyes, uno de los principales líderes de las FARC, en territorio ecuatoriano37. Venezuela también realizó un juego de guerra, Guaicaipuro, que se centraba en una posible invasión de La Guajira. Algunas acciones provocadoras recientes de Venezuela incluyen la conducción de un ejercicio de movilización, el Zamora 200; el despliegue de una pequeña fuerza militar en Colombia a través del río Arauca en marzo de 2017; y una retórica del régimen de Maduro cada vez más belicosa contra Colombia, llamando a la nación un «Estado fallido»38.
Brasil y Guyana. Si bien Colombia ha sido la más afectada hasta la fecha por los efectos de la crisis venezolana, los venezolanos también han cruzado al estado brasileño de Roraima. En tan solo un fin de semana en junio de 2016, alrededor de 150 000 venezolanos cruzaron la frontera hacia Brasil, aunque solo se quedó una parte y algunos fueron para comprar solamente alimentos y otros productos39. En mayo de 2017, el alcalde de la ciudad brasileña de Manaos declaró una emergencia después de que 350 refugiados venezolanos aparecieran en sus calles, mientras que más refugiados se han visto en la capital provincial de Boa Vista40.
Con respecto al otro vecino de Venezuela, Guyana, aunque los dos países compartan una frontera, la relativa falta de población e infraestructura en la región guyanesa de Esequibo han limitado la migración hasta la fecha. Como con Colombia, Guyana teme que el régimen de Maduro en un acto de desespero provoque una crisis militar como una maniobra de distracción, con base en la disputa histórica sobre la región de Esequibo. El régimen de Maduro intentó resucitar el conflicto en septiembre de 2015, justo meses después de que ExxonMobil descubriera importantes depósitos de petróleo en la costa del área disputada41.
Naciones isleñas. Además de los países que comparten frontera con Venezuela, la inestabilidad también afecta a los vecinos en el Caribe. Los venezolanos que quieren suministros o buscan escapar las dificultades económicas del país están cruzando la distancia relativamente corta que hay entre Venezuela y las islas caribeñas de Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago42. Para poder llegar a Trinidad y Tobago, los venezolanos aparentemente toman un ferry o alquilan embarcaciones locales para cruzar los siete kilómetros de agua que separan a los dos países para comprar productos en tiendas trinitarias. En algunos casos, traen armas para intercambiarlas por alimentos y otras necesidades básicas. El intercambio entre Venezuela y sus vecinos isleños, exacerbado por la combinación de necesidad económica extrema y colapso del orden público, también ha contribuido a la piratería en sus costas43.
En Trinidad y Tobago, como en la región de La Guajira en la costa caribeña de Colombia, ha surgido un riesgo adicional debido a la posible migración de personas vinculadas a grupos islámicos radicales como Hezbolá. Según algunos informes, en los últimos años Venezuela sirvió como punto de entrada para fuerzas iraníes Qods (agentes paramilitares religiosos), mientras que las autoridades venezolanas vendían pasaportes a refugiados de Siria y otras partes del Oriente Medio44. Aunque hay poca evidencia del flujo de tales emigrantes, las comunidades musulmanas establecidas en Trinidad y Tobago y La Guajira son un destino lógico si la crisis en Venezuela empeora. Dado que Trinidad y Tobago actualmente es una de las principales fuentes de combatientes extranjeros para el Oriente Medio per cápita, la migración de venezolanos que están afiliados con grupos islámicos radicales podría tener un efecto radical y desestabilizador en las comunidades islámicas en esas áreas45.
Recomendaciones para Estados Unidos
A pesar del saqueo sistémico de Venezuela por el régimen de Maduro, una intervención estadounidense no sería una decisión acertada desde un punto de vista estratégico. Si bien la acción podría derrocar al Gobierno socialista bolivariano de Venezuela, reforzaría la percepción histórica de Estados Unidos como una nación intervencionista en la región, y daría lugar a la desconfianza y otros sentimientos antiestadounidenses. Además, a corto plazo, el resultado de una invasión sería una economía diezmada y un Estado polarizado políticamente y plagado de corrupción. Después de la intervención, Estados Unidos tendría que enfrentarse al dilema de permitir a la recién «liberada», aunque destruida, Venezuela continuar funcionando como una fuente de criminalidad e inestabilidad en la región o enfocarse en su reconstrucción, un esfuerzo que requeriría de mucho tiempo y dinero. Durante el proceso, como ocurrió en el Oriente Medio, es probable que tanto la «invasión yanqui» como sus fuerzas se conviertan en el punto focal de manifestaciones contra Estados Unidos y un objetivo tentador para la resistencia chavista y grupos terroristas de izquierda.
Aunque una intervención es poco realista para la comunidad internacional e imprudente para Estados Unidos, ambos juegan un papel importante para que la situación avance en una dirección positiva y en la gestión de los efectos de la crisis para los vecinos de Venezuela. Con respecto a la propia Venezuela, Estados Unidos debe apoyar plenamente a la OEA, actualmente bajo el liderazgo del secretario Almagro, en la condena de una Constitución venezolana que viola el orden democrático y respaldar los esfuerzos multilaterales y bilaterales que se han llevado a cabo para presionar al Gobierno chavista a restaurar el orden. También es imperativo que Estados Unidos continúe denunciando públicamente que el régimen de Maduro es ilegítimo y es una élite criminal que, mediante maquinaciones administrativas, ha robado el control de los recursos del pueblo venezolano, y que cada vez más depende del poder de las armas para continuar saqueando el Estado con el propósito de tener suficiente dinero para su «fuga».
Como parte de estos esfuerzos, Estados Unidos debe encabezar la imposición de sanciones económicas específicas para aislar a la cúpula chavista y cooperar con otros actores de la comunidad internacional para negarles refugio en otros países después de que Maduro acabe su mandato. El Departamento de Estado, del Tesoro y otras organizaciones pertinentes de Estados Unidos deben centrarse en particular en las áreas financieras y jurídicas, apoyando a la Asamblea Nacional de Venezuela en su esfuerzo por invalidar los contratos realizados por líderes chavistas fuera del orden constitucional. Tal vez este enfoque tenga un impacto de corto plazo limitado en Venezuela, pero podría influir en los cálculos de algunos benefactores clave del régimen de Maduro como China y Rusia, convenciéndolos de que la mejor estrategia para garantizar sus activos petrolíferos y otros intereses en el país es a través de una Asamblea Nacional legítima y constitucional en vez de la rama ejecutiva, cuyo desempeño fuera del margen constitucional invalida jurídicamente cualquier acuerdo sobre los recursos venezolanos.
Más allá de la situación venezolana, Estados Unidos debería trabajar activamente con los vecinos del país para prevenir que las consecuencias de la crisis, como el éxodo de refugiados y armas, desestabilicen a la región. El vecino de Venezuela, Colombia, se enfrenta al doble reto de ser el país más impactado por el flujo de refugiados venezolanos y armas (y posibles provocaciones militares) mientras lidia con los problemas de seguridad interna y de recursos que han surgido por el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. Aunque los colombianos se enorgullecen de sus capacidades, necesitarán más apoyo, no menos, de Estados Unidos en varios campos en los próximos meses.
A corto plazo, Estados Unidos debería coordinar el apoyo de las necesidades de los refugiados con Colombia, Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago y otros Estados, como también con el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales. Debería colaborar con los Gobiernos de la región para proporcionar logística, inteligencia y otros tipos de apoyo permitidos por las leyes nacionales para proteger a los refugiados de la victimización y el reclutamiento por parte de criminales, y también monitorear quiénes entran, a dónde van, y cómo afectan el entorno delictivo local. En Colombia en particular, Estados Unidos debería considerar aumentar la inteligencia, el adiestramiento y los materiales de apoyo de policías, fiscales y unidades militares especiales que combaten el crimen organizado, ya que probablemente la criminalidad aumentará debido al flujo de refugiados y armas.
En el caso poco probable, aunque no inconcebible, de que la Administración de Maduro intente provocar un conflicto militar con Colombia o Guyana, Estados Unidos debería estar preparado para proporcionar asistencia militar y otros tipos de apoyo en defensa de la soberanía territorial. Sin embargo, debe evitar una intervención militar directa en territorio venezolano a no ser para eliminar algunas capacidades ofensivas que se emplean contra los vecinos de Venezuela, como aviones y helicópteros de combate en las bases, o vehículos blindados en posiciones avanzadas.
A medida que Estados Unidos apoya a los países de la región en su respuesta a la crisis venezolana, debe hacerlo, siempre que sea posible, mediante la OEA y otras instituciones multilaterales del sistema interamericano, incluyendo una respuesta coordinada al tratamiento de los refugiados46. Estados Unidos debe buscar la manera de aprovechar la Conferencia de Ejércitos Americanos, la cual auspiciará en el actual ciclo de dos años, como un vehículo para coordinar asuntos militares47. Por último, Estados Unidos debería prepararse para trabajar con las Naciones Unidas en el despliegue de fuerzas de mantenimiento o de imposición de la paz en caso de que la evolución de la crisis y las posiciones de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas permitan tal acción.
Conclusión
La crisis en Venezuela es una tragedia con consecuencias graves para sus vecinos y para la región. Sin embargo, Estados Unidos podría fortalecer su relación con los países de la región y hacer de esta tragedia una oportunidad al demostrar que está dispuesto a trabajar con ellos mediante acciones concretas para mitigar los efectos de la crisis. La situación también es una oportunidad para fortalecer a la OEA y el sistema interamericano (en el cual Estados Unidos tiene intereses estratégicos) como los principales vehículos multilaterales para abordar los problemas de seguridad regional.
La crisis venezolana tal vez es la primera oportunidad de la Administración de Trump para definir su visión de democracia, seguridad y buena gestión pública para la región, y para demostrar el compromiso de Estados Unidos con las naciones asociadas del hemisferio occidental. Dado los vínculos de Estados Unidos con la región en términos geográficos, comerciales y demográficos, demostrar su compromiso es fundamental no solo para la Administración y los vecinos de Venezuela, sino también para la región en general.
Notas
- Hugo Prieto, «Chaos Looms over Venezuela», The New York Times, 3 de mayo de 2017, accedido 11 de mayo de 2017, https://www.nytimes.com/2017/05/03/opinion/chaos-in-venezuela-nicols-maduro.html?_r=0.
- Johanna A. Alvarez, «A New Wave of Venezuelans on the Verge of Destitution Flees to Miami», The Miami Herald, 3 de junio de 2016, accedido 11 de mayo de 2017, http://www.miamiherald.com/news/local/immigration/article81578152.html.
- R. Evan Ellis, «The Impact of the Collapse of Venezuela on Colombia», página web de Latin America Goes Global, 24 de abril de 2017, accedido 11 de mayo de 2017, http://latinamericagoesglobal.org/2017/04/impact-collapse-venezuela-colombia/.
- «Así Hemos Contado la Crisis Política en Venezuela», El País, 31 de abril de 2017, accedido 19 de mayo de 2017, http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/31/actualidad/1490970486_096518.html.
- Eyanir Chinea y Corina Pons, «Venezuelan Ex-Ministers Seek Probe into $300 Billion in Lost Oil Revenue», Reuters en línea, 2 de febrero de 2016, accedido 11 de mayo de 2017, http://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-idUSKCN0VB26F.
- Javier Corrales, «Don’t Blame It on the Oil», Foreign Policy, 7 de mayo de 2015, accedido 11 de mayo de 2017, http://foreignpolicy.com/2015/05/07/dont-blame-it-on-the-oil-venezuela-caracas-maduro/; Natalie Olivo, «Crystallex Moves to Register $1.4B Judgment In Delaware», Law360, 26 de abril de 2017, accedido 11 de mayo de 2017, https://www.law360.com/articles/917395/crystallex-moves-to-register-1-4b-judgment-in-delaware; Patrick Gillespie, «China Suspende Sus Préstamos al Gobierno de Venezuela», CNN en Español, 30 de septiembre de 2016, accedido 11 de mayo de 2017, http://cnnespanol.cnn.com/2016/09/30/china-suspende-sus-prestamos-al-gobierno-de-venezuela/.
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- «Julio Borges: Armas de Milicias Terminarán en Mercado Negro», 800 Noticias, 18 de abril de 2017, accedido 11 de mayo de 2017, http://800noticias.com/julio-borges-armas-de-milicias-terminaran-en-mercado-negro; conversación con analista de seguridad colombiano.
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- Conversación con analista de seguridad colombiano.
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- Conversación con analista de seguridad colombiano.
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El Dr. R. Evan Ellis es profesor de investigación de Estudios Latinoamericanos en el Centro de Estudios Estratégicos, US Army War College, Carlisle Barracks, Pensilvania. Ha publicado más de 180 trabajos sobre temas de seguridad en Latinoamérica y el Caribe, incluidos tres libros, y ha presentado su trabajo en una amplia gama de foros empresariales y gubernamentales en veintiséis países en cuatro continentes. Anteriormente publicó «Argentina en la encrucijada de nuevo: Las repercusiones para Estados Unidos y la región» en la edición del cuarto trimestre de 2017 de Military Review.
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